En el marco de la administración pública, las disfunciones del lenguaje jurídico tienen consecuencias en diferentes niveles: (i) agravan las barreras cognitivas y económicas de acceso, (ii) restan claridad al contenido de los derechos que se tramitan y adjudican en sede administrativa o judicial, (iii) reducen la eficacia argumentativa de las intervenciones procesales, (iv) dificultan la comprensión de documentos y decisiones institucionales, elevando su potencial de generar nuevos litigios, y (v) generan enorme congestión judicial. El disertante propone una reflexión seria entre los abogados, operadores jurídicos y estudiantes de derecho sobre sus propias prácticas escriturales, para impulsar una transformación en el ejercicio profesional hacia una escritura más comprensible, precisa y persuasiva.