El acceso a la justicia, contenido en los artículos 14, 17 y 20, apartados B y C, de nuestra Norma Fundamental, y en el 8o. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, comprende, en adición a determinados factores socioeconómicos y políticos, el derecho a una tutela jurisdiccional efectiva y los mecanismos de tutela no jurisdiccional que también deben ser efectivos y estar fundamentados constitucional y legalmente. Así lo ha sostenido la Suprema Corte de Justicia de la Nación.